Lo último de la frontera: senadores dominicanos responden a la carta de Lanmò San Jou y exigen justicia antes que diálogo

Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de la banda 400 Mawozo, y el secretario general de la ONU, António Guterres, a quien el cabecilla dirigió su carta. (Foto: N Digital)

Última hora de la tarde: a la aclaración de la ONU de la mañana se suma ahora la posición oficial de los senadores de la frontera, y la historia sigue en desarrollo.

SANTO DOMINGO.– La petición de mediación que el líder de la banda haitiana 400 Mawozo, Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, dirigió a la Organización de las Naciones Unidas ya tiene respuesta dominicana: los senadores de las provincias fronterizas declararon este martes que cualquier diálogo en Haití debe estar condicionado a que los responsables de la violencia respondan ante la justicia, sin impunidad. Es el desarrollo de esta tarde sobre la carta cuya recepción la ONU confirmó esta mañana, aclarando que recibirla no implica respaldo, reconocimiento de su autor ni apertura de una mediación.

El senador por Barahona, Moisés Ayala, manifestó que el llamado al diálogo debe traducirse en la entrega de los integrantes de las bandas para que sean apresados y sometidos a la justicia, incluso ante organismos internacionales, por los daños que han causado a Haití. «Con delincuentes se dialoga, pero presos, no ellos poniendo condiciones», expresó Ayala, quien reiteró su llamado a que la ONU y otros organismos internacionales asuman su responsabilidad frente a la crisis haitiana, al considerar que ese problema no puede dejarse únicamente en manos de República Dominicana.

El senador por Independencia, Dagoberto Rodríguez, señaló que los líderes de las bandas comienzan a reconocer la seriedad de las acciones emprendidas para recuperar el control de Haití y podrían estar buscando una salida negociada para preservar sus vidas. «No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar; ellos antes tenían una bravuconería, tenían ocupado el 85 % de Puerto Príncipe; ahora ven la realidad», aseguró Rodríguez, quien resumió la posición en una frase: «Diálogo sin impunidad», y sostuvo que la comunidad internacional debe acudir en auxilio del pueblo haitiano.

El senador por Pedernales, Secundino Velásquez, consideró positiva la posibilidad de retomar el diálogo, pero sostuvo que las autoridades y los sectores involucrados en la crisis haitiana han contado con tiempo suficiente para sentarse a analizar y buscar soluciones. De su lado, el senador por Elías Piña, Johnson Encarnación, sostuvo que los conflictos pueden resolverse mediante la comunicación, pero aclaró que quienes hayan cometido hechos criminales deben responder ante los tribunales antes de cualquier entendimiento; atribuyó la disposición de los grupos armados a la presión de las fuerzas desplegadas en Haití y aseguró que República Dominicana cuenta con un Gobierno responsable y unas Fuerzas Armadas preparadas para enfrentar cualquier eventualidad en la frontera.

Los legisladores coincidieron en que la solución a la crisis haitiana requiere una participación más decidida de la comunidad internacional, en que el diálogo no puede convertirse en un mecanismo de impunidad y en la importancia de mantener la vigilancia y la seguridad en la frontera dominicana, ante el riesgo de que miembros de las bandas intenten buscar refugio en territorio dominicano.

La reacción senatorial se produce luego de que Joseph confirmara a la agencia Associated Press que escribió al secretario general de la ONU, António Guterres, solicitando el envío de una delegación para facilitar un diálogo, en medio del despliegue de más de dos mil militares salvadoreños en Haití tras la desaparición, el 18 de octubre, de cuatro técnicos de aviación de ese país, emboscados en la localidad de Santo, en Croix-des-Bouquets. Estados Unidos ofrece una recompensa de un millón de dólares por Joseph, uno de los cabecillas más buscados de Haití.

El contexto explica la urgencia: según la oficina integrada de la ONU en Haití, más de un millón y medio de personas han sido desplazadas por el asedio de las bandas, alrededor del 65 % de Puerto Príncipe permanece en disputa o bajo control de las pandillas y unas 5,000 personas son asesinadas cada año en ese país, cifras que empujan la migración irregular hacia República Dominicana y mantienen a la frontera como el primer punto de impacto de la crisis.